El caso venezolano: discordia entre derecho internacional e imperialismo estadounidense

El caso venezolano: discordia entre derecho internacional e imperialismo estadounidense

Escrito por Léna DI BLASIO

Traducido del francés por Úrsula BENZ, Sasha GOTARD, Lucía OSSANDÓN y Juliet TYRER-BRAGG.


Si Kant afirmaba que “El hombre quiere concordia, pero la Naturaleza sabe mejor lo que le conviene a su especie y quiere discordia”, no estaba elogiando el conflicto en sí mismo. Él sostenía que la conflictividad, oponiendo las voluntades individuales, obligaba a los hombres a salir de su enfrentamiento permanente para instituir un orden jurídico racional. En otras palabras, la discordia se vuelve, paradójicamente, el motor de la construcción del derecho y, a término, la condición de una paz duradera. Sin embargo, hoy es difícil decir lo mismo sobre el caso venezolano. La discordia ya no pareciera tener como objetivo conducir a una paz duradera, sino más bien producir una violencia persistente. 

Una discordia corresponde a una divergencia entre diferentes actores (Estados, pueblos) que los lleva a entrar en confrontación. Esta puede también estar asociada a la stasis, un concepto de origen griego que hace referencia a una polarización o división de la sociedad. De esta manera, la discordia genera formas de violencia, ya sean civiles o políticas, y puede también, cuando es reconocida y regulada por mecanismos jurídicos, ser integrada en un orden estabilizado. Así, la paz resulta de la incorporación de estas tensiones a un marco jurídico común.

Esta articulación entre conflicto y pacificación debería encontrarse a escala internacional. El derecho internacional, concebido como un instrumento de regulación y de pacificación de las relaciones entre Estados y actores de la comunidad internacional, debería transformar la discordia en coexistencia. No obstante, pareciera entrar en contradicción con las lógicas imperialistas. Estas corresponden a la voluntad de un Estado de conservar o de expandir su dominación sobre otros pueblos o territorios. Esta dominación puede tomar diversas formas: política, institucional (como en el caso del colonialismo), pero también económica o cultural. En muchos casos, estos modos de dominación se combinan y se refuerzan mutuamente. 

En este sentido, la situación venezolana es reveladora. En efecto, tras varios meses de operaciones clandestinas de Estados Unidos en Caracas y el fracaso de una última tentativa diplomática de Nicolás Maduro buscando negociar el acceso al petróleo venezolano, Estados Unidos intervino en la noche del 2 al 3 de enero de 2026. La operación militar Operation Absolute Resolve ha conducido a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Luego, ambos han sido transferidos a un tribunal federal de Nueva York por tráfico de droga y narco-terrorismo. Desde entonces, Donald Trump ha afirmado que tomará el control del país hasta que una transición política “segura y apropiada” sea establecida.

Por lo tanto, conviene distinguir los motivos oficiales de esta intervención de sus motivos extraoficiales y, sobre todo, interrogar el futuro de Venezuela. En el ámbito internacional, la intervención ha suscitado fuertes reacciones: algunos la condenan, mientras que otros, con una lectura ingenua, celebran la prestación de Donald Trump por haber destituido a un dirigente calificado de dictador. Esta denominación hace referencia a la crisis de las instituciones democráticas en Venezuela, caracterizada en particular por elecciones organizadas en condiciones dudosas, una Asamblea Nacional subordinada al poder y la represión de la oposición. Esta crítica de la legitimidad democrática del régimen explica en parte los debates que genera la intervención estadounidense. Más allá de estas controversias, la propia legalidad de dicha intervención plantea un problema: en el ámbito jurídico, algunos defienden la intervención de Estados Unidos, mientras que otros la consideran como una violación del derecho internacional. Por último, si bien el respeto del derecho internacional es un tema clave, la cuestión de la legitimidad de Estados Unidos para llevar a cabo esta operación (y si la razón del más fuerte es necesariamente la mejor) invita a plantearse un posible cambio del equilibrio internacional relacionado al refuerzo hegemónico de algunos Estados. 

Analizada bajo sus dimensiones jurídica, geopolítica y filosófica, la situación venezolana se presenta como un síntoma de un cambio radical en la paz internacional. 

Entender la situación venezolana supone, en primer lugar, analizar sus causas político-económicas. Luego, esta exige un examen jurídico para evaluar el respeto del derecho internacional por parte de la intervención estadounidense. Finalmente, la misma invita a una reflexión filosófico-política sobre la compatibilidad entre la hegemonía estadounidense y la paz.  

Un análisis político-económico de Venezuela y su relación con Estados Unidos

Las fragilidades estructurales de Venezuela 

Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo. Desde 1929, Caracas representa más del 10% de la producción global de oro negro. Por eso, el país figura entre los principales productores mundiales y desempeña un papel decisivo en la economía energética. 

En consecuencia, la dependencia de la renta petrolera ha reducido progresivamente la rendición de cuentas del Estado ante sus ciudadanos, lo que ha fragilizado los mecanismos de responsabilidad democrática. Aunque Hugo Rafael Chávez Frías y, posteriormente, Maduro llegaron al poder mediante elecciones, la concentración de los recursos y del poder ejecutivo ha debilitado los contrapoderes e intensificado la corrupción. En este contexto, tanto en el caso de los gobiernos chavistas (a favor de la nacionalización) como de la oposición (el partido Primero Justicia defiende la apertura del sector petrolero), el debate se fija en el control de la renta petrolera. Por consiguiente, esta centralidad del petróleo ha estructurado la rivalidad política, a veces en detrimento de la diversificación económica sostenible y el fortalecimiento de las instituciones. 

Por lo tanto, el argumento de que Donald Trump habría derrocado a un dictador en beneficio de los venezolanos resulta poco tangible. Incluso tras la captura de Maduro, parece improbable que la situación de los venezolanos vaya a mejorar rápidamente ya que los problemas económicos del país están profundamente arraigados. La dependencia de los ingresos petroleros debilita las instituciones democráticas y la responsabilidad del Estado hacia la población incluso cuando cambian los dirigentes. 

De hecho, Venezuela ya conoce bien la escasez de alimentos, los precios elevados y la crisis económica: tres de cada cinco venezolanos tienen dificultades para alimentarse, incluso entre el 20% más rico de la población. Así, la intervención estadounidense está desestabilizando aún más a Venezuela: en primer lugar, porque sumerge al país en un nuevo capítulo caótico de incertidumbre económica (una nueva ola de inflación). En segundo lugar, porque conlleva nuevos problemas monetarios. En efecto, el país depende del dólar estadounidense, que, al ser más estable que el bolívar, se utiliza mucho en las transacciones cotidianas. Por lo tanto, aunque el Banco Central de Venezuela tiene un tipo de cambio oficial, muchos utilizan un tipo de cambio no oficial, el “dólar paralelo”, que refleja el precio real al que se venden los dólares. Hoy en día, este dólar ha aumentado tanto que ciertos alimentos se han vuelto inaccesibles (carne o queso, por ejemplo). 

Los intereses estratégicos de Estados Unidos

La apropiación de los recursos naturales venezolanos

El objetivo principal de la intervención trumpista es volver a explotar el petróleo venezolano, en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses, con el fin de reavivar la “edad de oro” de los años 1950, idealizada por el movimiento MAGA (“Make America Great Again”, lema de la extrema derecha estadounidense). 

De hecho, al principio, en el marco de las concesiones de Juan Vicente Gómez entre 1910 y 1930 (acuerdos ventajosos para empresas extranjeras que obtuvieron la mayor parte de los derechos de exploración y explotación del petróleo venezolano), los estadounidenses y los británicos se repartían la renta petrolera con Venezuela. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el único beneficiario del debilitamiento financiero del Reino Unido gracias a la guerra y su ascenso económico (como ilustra, por ejemplo, el nuevo orden monetario de Bretton Woods). Desde entonces, Venezuela pasó a ser el primer polo de las inversiones estadounidenses y su primera fuente de ingresos extranjeros. Es cierto que el producto bruto interno (PBI) de Venezuela aumentó entre 1920 y 1976, pero fue en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses. De esta manera, los ingresos pagados a los accionistas extranjeros eran del mismo tamaño que los que recibía la mitad de la población nacional. Por consiguiente, a partir de los años 1960, los gobiernos consecutivos negociaron condiciones financieras más equilibradas, hasta que el país retome las riendas de su economía. 

Desde entonces, Donald Trump habla de “robo” y exige volver a estas condiciones leoninas (expresión que describe un acuerdo extremadamente desequilibrado en el que la parte que se encuentra en una posición favorable obtiene ventajas desproporcionadas en comparación con la otra parte), o más bien a su “edad de oro”, recuperando el petróleo del país (303.000 millones de barriles de reservas según la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo). Si Trump lo consigue, podría triplicar la ganancia de la industria petrolera estadounidense, la cual, por otra parte, financia al Presidente y el Partido Republicano. 

Reforzar su credibilidad

La intervención estadounidense en Venezuela también forma parte de una lógica político-mediática con fines de construir legitimidad interna. En el caso de Donald Trump, el hecho de promover una estrategia intervencionista contrasta con la imagen de impotencia que ha dado con respecto a otras crisis internacionales, sobre todo en el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual aseguraba resolver en “48 horas”. La paz se le escapa y algunos de sus seguidores ya lo han notado. 

De este modo, esta intervención permite, por un lado, complacer a su electorado MAGA, pero también desviar la atención del país de asuntos internos como el caso Epstein, en el que Donald Trump se encuentra bajo presión debido a sus vínculos con el “delincuente sexual” acusado de tráfico sexual de menores. 

Un análisis jurídico de la intervención de Estados Unidos: la respuesta del derecho internacional

Una intervención contraria al derecho de las relaciones interestatales

Para analizar la legalidad de la intervención estadounidense, hace falta volver a los artículos del Código de las Naciones Unidas, elaborados en el contexto de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 26 de junio de 1945 en San Francisco. En ese momento, el objetivo era el establecimiento de un sistema de paz internacional sostenible en el que la fuerza ya no resolviera los conflictos. Por lo tanto, uno de los principios es la prohibición del uso de la fuerza para resolver los conflictos entre Estados. Se puede hacer una excepción en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emita un mandato de intervención. Sin embargo, tal acción sólo puede admitirse a título excepcional, en el marco de la legítima defensa prevista en el artículo 51 del Código de las Naciones Unidas. Además, al margen de la ONU, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) puede legitimar una intervención siempre que el Estado “anfitrión” dé su consentimiento.

Ahora bien, en el caso de Venezuela, Estados Unidos no ha respetado estas condiciones. La ONU ha condenado la intervención y el motivo no tenía nada que ver con la legítima defensa. Por consiguiente, Estados Unidos ha violado uno de los principios fundamentales del derecho internacional sobre el uso de la fuerza en otro país: se trata de una intervención unilateral que socava el principio de igualdad de las naciones.

Por otra parte, numerosos países no reconocen la condición de jefe de Estado de Nicolás Maduro, al considerar que las elecciones presidenciales de 2024 no fueron transparentes, y califican a su Gobierno de ilegítimo. Esta falta de reconocimiento refleja la división de la comunidad internacional sobre la condición jurídica del dirigente y el derecho aplicable a su captura. Sin embargo, un jefe de Estado en ejercicio goza de inmunidad personal frente a la jurisdicción penal de los tribunales extranjeros, lo que protege su cargo independientemente del reconocimiento político de su condición por parte de otros Estados (Convenio de Viena, 1961). Esta inmunidad tiene por objetivo proteger la soberanía de los Estados y el uso efectivo de sus funciones.

Por lo tanto, esta captura internacional constituye una violación manifiesta de la soberanía del Estado en cuestión. Ningún título jurídico permite justificar la coacción armada en el territorio de un Estado soberano, a pesar de las acusaciones contra Maduro, acusado de narcoterrorismo, narcotráfico o incluso corrupción.

El prisma del derecho penal internacional: ¿una posible justificación?

Aunque esta detención extrajudicial atenta contra la sacralización del principio de soberanía territorial, algunos sugieren que se puede examinar bajo otro orden jurídico, el del derecho penal internacional, en lugar de hacerlo desde la perspectiva del derecho de las relaciones interestatales.

El derecho internacional tiene una “pretensión ambiciosa” de reprimir los crímenes masivos. Como subraya Julien Lalanne de Saint-Quentin, tal y como existe, el derecho internacional es un derecho de la comunidad internacional: no se refiere únicamente a las relaciones bilaterales entre Estados. Su violación compromete, sin duda, la responsabilidad de los Estados, pero también puede justificar medidas de ejecución directas (por ejemplo, las sanciones internacionales). Desde esta perspectiva, el objetivo es la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales, lo que puede justificar el enjuiciamiento individual independientemente de las controversias interestatales.

En este contexto, la Corte Penal Internacional (CPI) se creó para que los responsables (incluidos los jefes de Estado) sospechosos de tales crímenes sean llevados ante una jurisdicción internacional, en lugar de quedar a merced de iniciativas unilaterales. El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que la condición de funcionario no excluye la responsabilidad penal ante la CPI. Las inmunidades basadas en la función oficial no protegen a una persona frente a la competencia de la Corte por delitos relativos a su Estatuto.

En lo que respecta a la captura de Nicolás Maduro, la hipótesis de una exclusión de su inmunidad se inscribe en esta misma lógica jurídica: varios organismos internacionales han señalado graves violaciones que podrían entrar en la tipificación de crímenes contra la humanidad cometidos por su Gobierno (tortura, detenciones arbitrarias). Por consiguiente, sus actos quedarían fuera de lo que el derecho acepta proteger.

No obstante, para que estas hipótesis sean jurídicamente válidas, deben cumplirse ciertas condiciones. Sin embargo, la ausencia de una orden de detención internacional contra Nicolás Maduro y el hecho de que Estados Unidos no sea parte del Estatuto de Roma significan que no está sujeto a las obligaciones de cooperación de la CPI. Esto dicho, no se puede sostener que el objetivo de la intervención estadounidense fuera entregar el jefe de Estado a una jurisdicción internacional legítima.

En este contexto, si se quisiera defender una intervención en nombre del derecho penal internacional, esta debería fundarse en una orden de detención internacional emitida por un tribunal competente, reconocida por los Estados implicados, y el Estado que ejecute la detención debería estar a su vez vinculado por el instrumento jurídico que le confiere dicha competencia.

Por último, el hecho de que la intervención no sea ni específica ni proporcionada refuerza la idea de que se llevó a cabo desde una perspectiva de intereses personales o políticos, violando los principios del derecho internacional.

Análisis filosófico-histórico: la hegemonía estadounidense, una amenaza potencial para el sistema de paz internacional

El mito del aislacionismo americano 

El aislacionismo es una doctrina política según la cual el Estado decide mantenerse al margen de los asuntos internacionales, limitando las alianzas y las intervenciones militares para concentrarse en sus propios problemas.

La tradición aislacionista estadounidense, iniciada por el discurso de los Padres Fundadores, se refleja en las palabras de Thomas Jefferson, quien declaró públicamente que, a largo plazo, Estados Unidos nunca debía aliarse con otras potencias. Tal declaración es pionera de una visión hegemónica confirmada en 1823 por la doctrina Monroe, según la cual las potencias europeas ya no debían volver a intervenir ni colonizar el continente americano, especialmente en las nuevas repúblicas latinoamericanas, mientras que Estados Unidos prometía no intervenir en Europa. 

No obstante, la élite estadounidense se consideró históricamente responsable de una misión, sobre todo a través de la idea del “Destino Manifiesto”, expresada por John O’Sullivan en 1845. Esta concepción se ha traducido en un discurso moral frente al mundo: el bien o el mal. Con su discurso realista, incluso Henry Kissinger, el “diplomático del siglo”, se inscribía en otra forma de imperialismo donde se daba prioridad a los intereses estadounidenses  (por ejemplo, en el caso de los bombardeos en Camboya destinados a debilitar a Vietnam del Norte y preservar la credibilidad de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría). Esto dio lugar a una visión maniquea, plenamente asumida por G. W. Bush, quien afirmó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001: “o están con nosotros, o están contra nosotros”. Así, la implicación de Estados Unidos en los asuntos internacionales no ha parado, como algunos ejemplos lo demuestran:  

  • Políticamente: Woodrow Wilson involucra a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917.
  • Militarmente: los bombardeos nucleares el 6 y el 9 de agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki.
  • Económicamente: se convierten en los “prestamista del mundo” durante la Primera Guerra Mundial.
  • Culturalmente: “americanización” de las sociedades a través del cine o la música.

Por consiguiente, Estados Unidos no es aislacionista sino imperialista: lo ha sido y sigue siéndolo. En el caso venezolano, esta continuidad imperial se manifiesta a través del reconocimiento selectivo del poder político, las sanciones económicas (sobre la compañía nacional petrolera PDVSA en 2019)  y la presión diplomática respecto al jefe de Estado (reconocimiento oficial de Juan Guaidó como “presidente de reemplazo”). 

La paz hegemónica, una paz precaria 

La paz hegemónica de Estados Unidos tiende a desequilibrar la transición hacia una paz internacional 

Raymond Aron, en Paz y Guerra entre las Naciones (1962), distingue varias formas de paz en función de la configuración de las relaciones de poder. Entre ellas, la paz hegemónica designa una estabilidad basada en la preponderancia de un Estado, capaz de estructurar el orden internacional y fijar sus reglas, a imagen de Estados Unidos. Con este modelo, la paz ya no se fomenta en un acuerdo entre dos potencias sino más bien en la sumisión de los más débiles. Por lo tanto, se trata de una paz que sigue siendo frágil y que puede impulsar a conflictos futuros. Tal es, de hecho, el riesgo para Venezuela que, al rechazar esta situación a largo plazo, alimenta dinámicas de cuestionamiento del orden establecido (por ejemplo, en enero de 2019 Nicolás Maduro rompió las relaciones diplomáticas con Estados Unidos al expulsar a sus representantes). 

Por otro lado, Aron señala que el sistema internacional es anárquico: no hay un Estado mundial. En consecuencia, el hecho de que Estados Unidos imponga sus políticas por la fuerza favorece el crecimiento de la vulnerabilidad de los otros Estados, ya que dejan de sentirse protegidos por el derecho. En este contexto, la situación venezolana se traduce en un mayor recelo hacia el derecho internacional. En 2023, a pesar del mandato de la Corte Internacional de Justicia, el cual prohibía al gobierno de Maduro cualquier acción unilateral respecto al Esequibo, éste organizó un referéndum y contestó la competencia de la Corte. Así, al imponer su propio orden mundial, la ley del más fuerte no protege, sino que asegura sus propios intereses, al costo de la seguridad de los demás. Desde una perspectiva hobbesiana, el uso de la fuerza por parte de una potencia dominante no funda la paz, sino que reproduce “el estado de naturaleza” entre Estados, caracterizándose por la desconfianza y el miedo.

No hay paz internacional sin justicia 

Si se pretende progresar hacia la paz, es necesario cuestionar su fundamento: la justicia. En el sentido platónico, la justicia hace referencia a la armonía de las partes del alma y la organización de la ciudad. Remite a un equilibrio en el que cada parte cumple su función sin invadir la de las demás. Sin embargo, en las relaciones internacionales, la justicia invocada por Estados Unidos responde en primer lugar a sus propios intereses. Tal concepción confirma la tesis de Trasímaco (sofista en La República de Platón) según la cual la justicia se identifica con la ley del más fuerte, a menudo justificada por un discurso moral. Al contrario, Platón demuestra que esa justicia genera inevitablemente el desorden, rompiendo con la armonía necesaria al buen funcionamiento de la ciudad. Así, Venezuela queda sometida a cierta forma de inestabilidad, percibiendo el intervencionismo estadounidense como el pretexto moral de un equilibrio de poderes asimétrico. Por lo tanto, esto quebranta el equilibrio entre las potencias y lleva al caos, validando la tesis platónica. 

Conclusión

La situación venezolana es sintomática de un cambio radical en los equilibrios internacionales: en primer lugar, a causa del dominio, tanto político como económico y jurídico, de Estados Unidos sobre otro país y, en segundo lugar, a causa de los efectos que produce este dominio sobre el orden mundial. 

Groenlandia es lamentablemente otra prueba del imperialismo estadounidense, que pone de manifiesto una vez más las ambiciones ilimitadas de Donald Trump. 


Bibliografía

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Bush, G. W. (2001, 20 de septiembre). Discours devant le Congrès des États-Unis. INA. (Vídeo) https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/1826376010035/discours-de-george-w-bush-devant-le-congres

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Sciora, R. (2026, 5 de enero). Maduro était un dictateur. Les États-Unis sont devenus un État voyou. Institut de relations internationales et stratégiques.  https://www.iris-france.org/maduro-etait-un-dictateur-les-etats-unis-sont-devenus-un-etat-voyou/

Ionova, A., Rodríguez Montilla, C., & Herrera, I. (2026, 18 de enero). The biggest challenge in Venezuela? Forget the oil, it’s stocking the fridge. The New York Times.  https://www.nytimes.com/2026/01/18/world/americas/venezuela-economy-food-prices.html

Kant, I. (1784). Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique. Nathan. ​

Lalanne de Saint Quentin, J. (2026, 4 de enero). L’arrestation de Nicolás Maduro est-elle vraiment contraire au droit international ? Le Figaro. https://www.lefigaro.fr/vox/monde/l-arrestation-de-nicolas-maduro-est-elle-vraiment-contraire-au-droit-international-20260104

Maupas, S. (2026, 5 de enero). Venezuela : selon le droit international, la « lutte contre le narcotrafic, la protection de la démocratie ne constituent pas des fondements juridiques du recours à la force ». Le Monde. https://www.lemonde.fr/international/article/2026/01/05/attaque-americaine-au-venezuela-selon-le-droit-international-la-lutte-contre-le-narcotrafic-la-protection-de-la-democratie-ne-constituent-pas-des-fondements-juridiques-du-recours-a-la-force_6660619_3210.html

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Zucman, G. (2026, 4 de enero). Comprendre l’intervention américaine au Venezuela. Blog de Gabriel Zucman. https://gabrielzucman.substack.com/p/comprendre-lintervention-americain

Imagen principal: Foto tomada el 5 de enero de 2026 frente al Tribunal Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos en Manhattan. Agrupación de personas y de la prensa durante la comparecencia de N. Maduro. Por SWinxy, en Wikimedia, Licence CC 4.0.

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