La política migratoria española: una apertura de doble filo

Con la llegada de Pedro Sanchez al puesto de Presidente del Gobierno de España en 2018, se adoptó una política migratoria más acogedora que la del previo gobierno, con la entrada de 64 298 migrantes en el país para el año 2018. ¿Pero cual fue la evolución de esa política desde los años 1970 y la democratización del pais ? ¿Que consecuencias tiene al nivel social y teritorial, y cómo permite servir los intereses económicos de España ? Aquí tienes claves para entender mejor este reto.

Una rápida retrospectiva histórica

De país emisor a país receptor

Hasta la década de los 1980, todos los estudios sobre el fenómeno migratorio en España analizaron las diferentes fases de la emigración contemporánea y evocaron la pérdida demográfica. Después, la nueva situación socio-política española y el progreso económico han convertido España en un país receptor de flujos de inmigración aún más importantes. 

Entre 1975 y 1990, la inmigración de Europa occidental se caracterizó principalmente por el retorno de los emigrantes españoles, que fueron muy afectados por la subida de los precios en los países vecinos (500 000 migrantes entre 1975 y 1995). El año 1990 marcó el inicio del gran auge migratorio de una mano de obra extranjera: primero, la inmigración vino desde el Norte de África y América Latina, luego los orígenes se diversificaron cada vez más debido a la creciente globalización del fenómeno migratorio.

El aumento significativo que ha experimentado España desde los 1970 fue aproximadamente similar al aumento registrado en otros países del Sur de Europa como Italia o en Alemania, que históricamente también eran países emisores. Antes, la mayoría de los residentes extranjeros eran ciudadanos de la Unión Europea, en comparación con otros países con una mayor tradición de acogida. Pero la plena integración económica de España en el sistema capitalista internacional y la creciente demanda de mano de obra poco calificada, han provocado un desequilibrio gradual en la distribución de las nacionalidades entre los países del Norte y del Sur; a favor de los residentes de los países del Sur. El aumento constante de los ciudadanos originarios de los países más desarrollados de Europa que decidieron establecer su residencia permanente en España no ha compensado el aumento espectacular del número de africanos y latinoamericanos huyendo de la pobreza. En 1992, el 50,23% de los extranjeros que tenían tarjetas de residencia eran europeos, mientras que en 2003, solo era el 34,98%.

La mayor parte de los africanos trabajaban en el sector agrícola (38.65%), y los latinoamericanos trabajaban principalmente en un sector terciario poco especializado y poco calificado (85.64%). Entre ellos, la mayoría de los que ocupaban puestos de trabajo doméstico fue mujeres. 

Desarrollo económico, territorio y migración

La distribución de la población inmigrante está directamente relacionada con el nivel de desarrollo de los territorios, y es en las ciudades donde se puede apreciar más claramente el impacto del fenómeno sobre el paisaje.

Desde los 1970, la inmigración se ha concentrado en las grandes ciudades y cada vez más en la costa mediterránea y las islas. Por un lado, las grandes ciudades y las principales zonas turísticas eran los lugares más atractivos para los migrantes que buscaban trabajo, dado que las posibilidades de encontrar un empleo fueron mayores (en los sectores de la construcción, del servicio doméstico, de la hostelería y del restaurante, en las ventas ambulantes, en los negocios ilegales ocultos en grandes ciudades, etc.). Además, las regiones que se extienden desde la frontera franco-española hacia Gibraltar y los archipiélagos de las Islas Baleares y Canarias, que son los territorios emergentes más importantes de España, también eran cada vez más solicitantes de trabajo estacional, para una agricultura de riego intensiva altamente productiva. Entre ellas: Almería (Campo de Dalías, El Ejido y Roquetas), Barcelona (El Maresme) y Murcia.

Por otro lado, también en la costa mediterránea y en las Islas Canarias, había una presencia de ciudadanos europeos de alto o medio poder adquisitivo medio o alto, jubilados en su mayor parte y atraídos por un clima templado durante todo el año. Las consecuencias económicas (sobre el consumo, la vivienda, la urbanización, etc.) y la huella social (asociaciones, periódicos, servicios personales, etc.) de esta creciente masa de jubilados, a veces provocaron problemas de relación social con la población local.

Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) eran los extranjeros más numerosos en el conjunto de islas, en las comunidades turísticas costeras y en el interior del país menos agrícola. La clase europea acomodada mostró cierta predilección para los espacios no-urbanos. Los ciudadanos que venían del resto del mundo, representaban la mayoría de la población no española en dos tipos de ciudad: en las principales ciudades por un lado (Palma, Mahón, Ibiza e Inca) y en las ciudades dedicadas principalmente a la agricultura (cultivos de riego en Mallorca y ganadería en Menorca), un sector que acogía una mano de obra principalmente de origen marroquí.

Las transformaciones socio-políticas y económicas que ha experimentado España desde los fines de 1978 han cambiado profundamente el país. En unos pocos años, el antiguo Estado autocrático se convirtió en una importante economía capitalista y liberal totalmente adaptada a los compromisos de la UE por el mercado libre. Durante la última década, las consecuencias de la plena incorporación a la UE y los efectos de la globalización han contribuido a cambiar las estructuras sociales de la ciudad española del siglo XXI.

Hoy encontramos ciudades como Madrid o Barcelona que demostran un proceso de concentración de la población de origen extranjero. Ahora hay barrios chinos, latinoamericanos, subsaharianos, magrebíes o rumanos, lo que es una marca de multiculturalismo, pero lo que también hace correr el riesgo de convertir grandes áreas urbanas en guetos diferenciados. En estas dos ciudades, estos fenómenos afectan principalmente las áreas más deterioradas del centro histórico, las áreas marginales y el núcleo de vivienda tradicional de las zonas suburbanas. En todos estos barrios, el multiculturalismo está presente en la calle, en las plazas públicas, en los parques, en las tiendas y en la rutina diaria del transporte público, hasta los lugares de trabajo. Existen pocos estudios de multiculturalismo en ciudades distintas de Madrid y Barcelona, ​​pero estos ejemplos son comunes en otras ciudades.

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Inmigrantes africanos en la valla fronteriza entre España y Marruecos (Foto AFP)

El “juego doble” de España desde los años 2000

Una política migratoria “elegida” al servicio del crecimiento español

Desde finales de la década de 1990 y aún más desde mediados de la década de 2000, España ha desplegado técnicas y recursos financieros cada vez más sofisticados con el fin de hacer de que sus fronteras, incluyendo marítimas – que son también las de Europa – fueran más difíciles de alcanzar. Si las autoridades españolas no siempre respetaron el derecho de asilo, por otra parte no cerraron sus puertas a la inmigración. España es, de hecho, el país de la UE que, desde hace una década, emite el mayor número de permisos de residencia a los extranjeros. España muestra una de las tasas de inmigración más grandes del mundo (de tres a cuatro veces la tasa de Estados Unidos, ocho veces la de Francia). Según el Instituto Nacional de Estadística (España), en enero de 2018, el 10,1% de la población en España era de nacionalidad extranjera, o sea 4,719,418 personas.

En 2005, un proceso de regularización excepcional permitió conceder permisos de residencia a 600 000 extranjeros, sobre la base de ciertos criterios, entre ellos el de tener un contrato de trabajo y pagar el seguro social. Desde luego, la llegada de nuevos trabajadores migrantes no se ha interrumpido. Pero España tiene una estricta política de inmigración selectiva: la acogida de algunos se acompaña del rechazo de los que no corresponden con los perfiles económicos y étnicos privilegiados. De hecho, España realiza una clasificación en detrimento de los migrantes subsaharianos que intentan llegar a sus costas. A menudo están obligados a regresar o se quedan en territorio español, pero de forma ilegal. En 2006, fueron 31 787 personas que llegaron a las costas de las Islas Canarias, con embarcaciones improvisadas y otras “embarcaciones basura » transportando africanos, paquistaníes, indios, afganos, e iraquíes.

Desde finales de la década de 1990, España ha implementado en las costas andaluzas, primero y luego en las Islas Canarias, un sistema de monitoreo externo integrado, una vigilancia remota muy sofisticada de las fronteras españolas. Muchas estaciones de detección equipadas con cámaras de radar, térmicas e infrarrojas controlan un perímetro de 20 kilómetros. Desde finales de 2003, la Guardia Civil ha complementado este equipo con detectores sensoriales que pueden detectar latidos cardíacos distantes. Sobre la base de estos datos, el centro de control puede decidir enviar tropas de intervención móviles cuya misión es interceptar las pateras o cayucos.

Estos dispositivos técnicos se complementan con medios diplomáticos y financieros. En 2003, se « reactivaron » los acuerdos con Marruecos que estipulan la obligación de re-admitir a los ciudadanos de ambos países que permanecen ilegalmente en el territorio del otro Estado parte. El acuerdo también estipula la re-admisión de cualquier persona que resida ilegalmente en un estado parte, después de haber transitado por el territorio del otro país signatario. Es en virtud de este acuerdo que las autoridades españolas expulsaron los enclaves de Ceuta y Melilla a ciudadanos subsaharianos, sin que estos migrantes se hubieran beneficiado de ninguna de las garantías previstas por la legislación española: notificación de la decisión, asistencia legal, acceso a un intérprete. A finales de 2018, Amnistía Internacional emitió una llamada de advertencia sobre estas prácticas, cuando ya estaban siendo reexaminadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En marzo de 2006, después de la llegada de cayucos a las Islas Canarias, España decidió elaborar un « plan de choque » que consistía principalmente en una ofensiva diplomática para multiplicar los « acuerdos marco para la cooperación migratoria y la readmisión » con los países de África occidental; y prever la apertura de embajadas en Malí, Cabo Verde, Sudán, Gambia, Guinea Bissau y Guinea Conakry. Esta proliferación de representaciones consulares se complementa con el envío de un « embajador especial a cargo de asuntos de inmigración » en Dakar, por ejemplo. La externalización del control de las fronteras españolas, y por tanto europeas, conduce a violaciones de los derechos humanos fundamentales (arrestos masivas, detenciones sin intercambio de información, no solicitudes de asilo, etc.) de los migrantes.

El despliegue de múltiples medios para prevenir la llegada de inmigrantes subsaharianos o asiáticos al territorio español podría sugerir que España cierre sus puertas a la inmigración. Sin embargo, al mismo tiempo que rastrea a las embarcaciones que se acerquen a sus costas, otorga permisos de residencia a cientos de miles de extranjeros. La gran mayoría de los inmigrantes en España son ciudadanos de uno de los Estados miembros de la UE. Entre los extranjeros no pertenecientes a la UE, particularmente los de América Latina, las mujeres son mayoría, principalmente debido a la importancia del sector de servicios personales y trabajos domésticos. Las nacionalidades más establecidas en España hoy en día son marroquí, ecuatoriana, rumana, colombiana y luego inglesa. Los ciudadanos de África occidental son finalmente menor. Es un fenómeno que sigue existiendo desde los principios de la década de 2000, así que ahora la inmigración es uno de los motores del crecimiento español.

La España de Sánchez se enfrenta a la crisis migratoria

A través de las noticias recientes, la posición de España sobre la acogida de refugiados para responder a la crisis migratoria parece controvertida. Llegado al poder en junio de 2018, el jefe del gobierno socialista Sánchez abrió el puerto de Valencia al Aquarius, un barco humanitario con 630 inmigrantes a bordo, que Italia (con su Ministro del Interior Matteo Salvini) y Malta se negaron a acoger. Al mismo tiempo, su gobierno anunció su intención de facilitar el acceso para los inmigrantes sin documentos a la salud pública, y de remover los alambres de púas de Ceuta y Melilla, con los cuales los inmigrantes viniendo de Marruecos se hieren. Finalmente, otro barco de la ONG Open Arms fue autorizado a desembarcar tres veces en puertos españoles. Sin embargo, a finales de agosto de 2018, la primera señal de un cambio fue el rechazo a dar la bienvenida al Aquarius de nuevo, porque se prefirió negociar con Malta la distribución de estos nuevos migrantes.

El número de llegadas por mar en el Estrecho de Gibraltar, para ir a Europa, nunca ha sido tan alto, así como el número de muertos y de desaparecidos. El tema ahora es explotado políticamente por la oposición de derecha y por la extrema derecha en España. Esta última, encarnada por el Partido Vox, critica la política de apertura, ya que la considera como una puerta de entrada a la inmigración ilegal y al desarrollo de las mafias de los contrabandistas. Sobre todo porque España se ha convertido este verano de 2018 en la primera puerta de entrada a la inmigración ilegal en Europa. Hoy en día, el Reino de España concentra el 38% del fenómeno a escala europea.

El consenso sobre este tema es cada vez más frágil. Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular, encarna el retorno de la derecha al Parlamento y cree que se debe detener la llegada masiva de inmigrantes. Al oponerse a la venida de miles de africanos por parte de España, pide en particular el establecimiento de un « Plan Marshall » para África, en referencia a los préstamos financieros otorgados por los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial.

Salomé Larsonneau

Fuentes:

« Territorio e inmigracion en Espana. Analisis de casos en Palma de Mallorca y Leon. » Jesus M. Gonzales Pérez et José Somoza Medina

http://www.france-terre-asile.org/projets-partenariats-mineurs-isoles/veille-europe-france-terre-d-asile/16-au-28-fevrier-2019/l-espagne-critiquee-pour-ses-pratiques-envers-les-migrants

https://www.la-croix.com/Monde/L-Espagne-Sanchez-cherche-encore-politique-immigration-2018-08-31-1300965225

https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2018/09/spain-repeal-law-allowing-people-to-be-expelled-without-due-process/

https://www.gisti.org/spip.php?article953

 

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